Estados y organizaciones demandan las órdenes ejecutivas de Trump que eliminan la ciudadanía por nacimiento y autorizan deportaciones expeditas.
En los primeros días del segundo mandato de Donald Trump, las órdenes ejecutivas emitidas desde el Despacho Oval han provocado una fuerte reacción de estados y organizaciones defensoras de derechos. Dos de estas órdenes, la eliminación de la ciudadanía por nacimiento y la autorización de deportaciones expeditas, han generado demandas legales que desafían su constitucionalidad y compatibilidad con las leyes vigentes. Estas acciones legales subrayan el impacto controversial de las nuevas políticas migratorias.
Demanda contra la eliminación de la ciudadanía por nacimiento
La orden ejecutiva de Trump que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento para hijos de padres indocumentados ha sido recibida con una fuerte oposición legal. Veintidós estados presentaron una demanda argumentando que esta medida contradice la Enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos.
La Enmienda 14, ratificada en 1868, establece que todas las personas nacidas en territorio estadounidense son ciudadanos del país, independientemente del estatus migratorio de sus padres. Los estados demandantes sostienen que esta orden ejecutiva excede los poderes del presidente al intentar reinterpretar una disposición constitucional sin pasar por el proceso de enmienda establecido.
“La ciudadanía por nacimiento es un pilar de nuestra democracia y un derecho fundamental que no puede ser eliminado por decreto presidencial”, señaló el fiscal general de California, uno de los estados demandantes. Este caso está destinado a llegar a la Corte Suprema, donde se anticipa un enfrentamiento crucial sobre el alcance de los poderes ejecutivos.
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Demanda contra las deportaciones expeditas
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes también han actuado rápidamente contra otra orden ejecutiva que autoriza deportaciones expeditas. Esta medida permite la deportación inmediata de inmigrantes indocumentados sin acceso al debido proceso judicial, incluyendo audiencias de asilo.
La demanda, presentada por un grupo de organizaciones proinmigrantes, argumenta que esta política viola las leyes de inmigración y los principios básicos del debido proceso establecidos por la Constitución. “No podemos permitir que se elimine la oportunidad de ser escuchados, especialmente para quienes huyen de la violencia y la persecución”, expresó un portavoz de una de las organizaciones demandantes.
El impacto de esta medida es significativo, ya que podría afectar a miles de inmigrantes que actualmente se encuentran en Estados Unidos en búsqueda de protección. Los críticos argumentan que esta orden debilita los derechos humanos fundamentales y pone en riesgo la vida de quienes necesitan protección.
Estas demandas reflejan el tenso panorama legal que se avecina durante el mandato de Trump, con políticas migratorias que prometen ser centro de intensos debates judiciales. Ambos casos podrían establecer precedentes significativos sobre los límites del poder ejecutivo en temas de inmigración.
Recomendaciones para los afectados
En este contexto, es vital que las personas afectadas por estas políticas busquen asesoramiento legal inmediato. Si tienes preguntas sobre cómo estas órdenes podrían afectar tu caso migratorio, los abogados de Legal en USA están aquí para ayudarte. Llámanos al 305-446-8686 o haz clic aquí para programar una consulta con nuestro equipo de expertos en inmigración.
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